¿Cuándo los recursos adicionales para municipios no se traducen en calidad de vida?
Publicado en: mar, 23 abr 2019 05:15:00 -0500
El investigador Leonardo Bonilla durante su presentación.

Jaime Bonet y Leonardo Bonilla, investigadores del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República, presentaron el 9 de abril el proceso y resultados de la investigación titulada Economía Política del Caribe colombiano, en el Salón de la Oralidad del Bloque K.

El CEER se creó en 1997 con el propósito de descentralizar la investigación económica del país, liderado por Adolfo Meisel, en ese entonces gerente de la sucursal del Banco de la República en Cartagena. El éxito de la iniciativa impulsó la creación de los centros de investigación de Medellín, Cali y Bucaramanga. Las investigaciones que el CEER lleva a cabo estudian los aspectos económicos, históricos y sociales en diferentes regiones del país, teniendo un alcance nacional.  

La investigación presentada analizó la alineación política en Colombia y como esta determina las ventajas electorales, entre otras cosas. Lo que permite hablar a un economista de temas tan relacionados con otras disciplinas, según Bonilla, es el concepto teórico de economía política. En otras palabras, la racionalidad económica detrás de toda decisión política. Por ejemplo, que los gobernantes locales (alcaldes y gobernadores) que pertenecen al mismo partido político del presidente de turno, reciban mayor financiamiento para sus proyectos. Esta es una de las hipótesis que se buscó comprobar o desestimar para Colombia de manera empírica.

Para hacerlo, los investigadores estudiaron todas las elecciones nacionales, departamentales y locales desde 1997 hasta 2015, buscando comprobar si además de mayor financiación, el pertenecer al mismo partido da una ventaja electoral. Y tercero, cuál ha sido el efecto en caso de existir este sistema de interdependencia entre gobiernos nacionales y locales, en términos de crecimiento económico, calidad de las instituciones y prestación de servicios públicos en los municipios.

Los resultados concluyeron que en Colombia, después de la constitución de 1991 y la apertura del sistema político, hubo una explosión de nuevos partidos políticos. Esto, en términos de ventaja electoral, ha causado que "pertenecer al mismo partido político de los gobernantes locales no sea útil, lo que sí es útil es estar en la misma coalición de partidos". Las evidencias han demostrado que tener un gobierno local que pertenezca a la misma coalición de partidos otorga una ventaja electoral de aproximadamente el 10% al candidato presidencial de la coalición en la ronda final. Sin embargo, este estudio sólo fue aplicado en municipios en dónde el clima electoral fuese competitivo, es decir, que no existiesen favoritismos previos a las elecciones.    

Lo segundo que se pudo medir y demostrar es que los gobiernos locales que pertenecen a la misma coalición del presidente reciben mayor financiamiento, que aquellos que no pertenecen a la coalición. El dinero que se otorga a través de las transferencias discrecionales, es decir, aquellas que decide el presidente del gobierno nacional a dedo, es recibida entre el periodo en que se posiciona el alcalde y se dan las próximas elecciones nacionales.

Sin embargo, estas transferencias discrecionales no son ilegales y desde el punto de vista ético no son necesariamente cuestionables, hacen parte del funcionamiento de una democracia siempre que después no se roben el dinero. Lo preocupante en el caso de Colombia es que la investigación ha concluido que no hay ningún efecto sobre crecimiento económico o calidad de instituciones en estos municipios que reciben mayores recursos. En otras palabras, se recibe más plata, pero no se transforma en mayor calidad de vida. Los indicadores de salud no aumentaron, tampoco los de educación, aplicación de la ley, eficiencia administrativa, y tampoco se refleja un incremento en los procesos disciplinarios para los alcaldes o los integrantes de sus gabinetes.

Una de las hipótesis sobre lo que pasa con estos recursos adicionales, es que el monto de la transferencia no es suficiente como para afectar significativamente el municipio. Otra, es que sería necesario tener un margen mayor de tiempo para observar las implicaciones en crecimiento que traen consigo. Pero lo cierto es que, hasta el momento, ese dinero adicional que se otorga a los aliados del presidente es dinero fantasma. Ni se ve, ni deja rastro.   

 

Juan Sebastián Rodríguez.

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